Las acusaciones populares personadas en la investigación que realiza el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la actividad de la trama Koldo que anidó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos quieren que se indague si parte de las mascarillas adjudicadas a Soluciones de Gestión para que surtiera a diversos organismos públicos por 53 millones de euros pudieron revenderse.

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