Las diferencias entre PP y PSOE no impidieron en 2021 que ocho comunidades de distinto signo político suscribieran la Declaración de Santiago como base para reformar el sistema de financiación autonómica. Y ahora tampoco debería ser un problema. Así lo creen los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León que consideran que en su negociación «no hay un componente ideológico sino territorial».

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