La búsqueda de fórmulas para activar ayudas directas a las familias de los mineros fallecidos y a los heridos en los accidentes de la mina de Cerredo eleva la presión política sobre el gobierno del Principado y en especial sobre el PSOE. Y lo hace justo al tiempo que el presidente del Principado, Adrián Barbón, afrontará este jueves el primer cara a cara parlamentario con la oposición tras conocerse el borrador de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente, que señala responsabilidades políticas de los exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, además del exviceconsejero Isaac Pola y tres funcionarios.

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