Cuando era titular del juzgado penal número 2 de Mataró, Lucía Avilés presentó una iniciativa legislativa judicial destinada a promover la tipificación y reparación del daño causado por la violencia económica de género, especialmente a través del impago de pensiones. Aquella propuesta se ha recogido en el pacto de Estado contra la violencia machista, que se ha aprobado en la Comisión de Igualdad del Congreso. Avilés, que ahora es vocal del Consejo General del Poder Judicial, se muestra satisfecha con el acuerdo político alcanzado y pide que no se quede ahí, que se plasme en el Código Penal.

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