Las administraciones públicas que están implicadas en los casos Begoña Gómez y Santos Cerdán se ‘saltaron’ a los comités de expertos independientes en las adjudicaciones bajo sospecha, pues se realizaron en mesas de contratación que basaron sus decisiones en «informes técnicos del propio organismo», según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otros dos elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), departamento adscrito al Ministerio de Hacienda.

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