Doña Emma, viuda y oriunda de Bilbao, falleció en una residencia geriátrica de Lledías (Llanes) en 2016. Su nieta, doña Milagrosa, presentó ante la Hacienda vasca la declaración sobre el impuesto de Sucesiones que gravaba la herencia de la difunta, al considerar que esa era la Administración responsable y que su abuela vivía en Noja (Cantabria). No obstante, tras una inspección, la Diputación de Vizcaya se declaró incompetente y adujo que era asunto del Principado de Asturias, el cual, tras investigar los últimos años de vida de doña Emma, certificó que efectivamente su herencia debía regirse bajo la legislación asturiana, más gravosa que la vasca. Por ello, en 2023 impuso una sanción de 31.078,79 euros a doña Milagrosa por «ocultar datos» para ahorrarse 41.438,38 euros del pago del impuesto en Asturias (por el que había abonado 10.342,81 euros en el País Vasco). Tras varios años de idas y venidas en los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de dar la razón a la Inspección asturiana.

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