¿Tuvo la dirección de Minas del Principado motivos suficientes para elevar la exigencia y control sobre la explotación de Cerredo y, quizás así, haber evitado el accidente mortal del pasado 31 de marzo en el que fallecieron cinco mineros cuando extraían carbón de manera ilegal? Esa pregunta es una de las que trata de dilucidar la comisión de investigación que se desarrolla en la Junta General y por la que esta semana ya han comenzado a pasar algunos de los inspectores de minas de la administración regional.

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