El 21 de noviembre de 2021, los presidentes de ocho comunidades autónomas, de distinto signo político, firmaron un documento común de intenciones: la denominada «Declaración de Santiago», un texto de 13 páginas que recogía algunas de las inquietudes compartidas, muchas de ellas relativas a sus retos demográficos, el creciente peso del envejecimiento y las dificultades para sostener sus servicios públicos en igualdad de condiciones al resto del país.

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