El Consejo de Ministros aprobó ayer una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como «ley Bolaños», que será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. La reforma, largamente debatida en el ámbito judicial, introduce un cambio sustancial en el modelo penal español: los fiscales asumirán la instrucción de los casos en lugar de los jueces, y se establecerá una nueva regulación de las acusaciones particulares. No obstante, la norma podría embarrancar por la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los jueces asturianos la rechazan mayoritariamente.

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