El Gobierno de España ha decidido ignorar a los juristas que advierten de que incorporar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución rebajaría su protección en lugar de «blindar» la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, volvió a insistir esta semana en la importancia del debate ante «la involución que vemos a nivel global y a nivel de nuestra sociedad, de nuestra democracia». «Y eso es radicalmente peligroso» porque, en su opinión, «la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada en todo el territorio».

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