La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera adjudicó a dedo el 2 de octubre de 2019 un contrato de emergencia de 605.000 euros a Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a la trama de Koldo García y Santos Cerdán. Se trata de un caso semejante al ya conocido de una obra ferroviaria asturiana (reparación de deslizamientos en una línea de la antigua Feve, entre Gijón y Pravia), asignada también por el procedimiento de emergencia a otra empresa investigada, Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC) y con un valor igualmente cercano a los 600.000 euros.

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