El Instituto de Transición Justa y la Abogacía del Estado advirtieron en 2020 de que la venta de los activos de la Compañía Minera Astur Leonesa, titular de la mina de Cerredo, a la sociedad Combustibles Asturiana y Leonesa, propiedad de la misma familia dueña de Blue Solving, estaba sujeta a las condiciones establecidas por la Unión Europea relativas al cierre de explotaciones mineras, por las que resultaba imposible extraer mineral sin devolver las ayudas comunitarias. Con todo, la administración regional concedió en 2024 a Blue Solving un permiso que, a la postre, suponía la autorización para extraer 60.000 toneladas de antracita para una supuesta «investigación».

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