Nunca antes en la historia reciente de este país siete míseros votos -o tal vez sería más justo calificarlos de miserables- resultaron tan rentables para su poseedor. Primero fue la ominosa ley de amnistía; luego el desconcertante (para el resto) concierto catalán. Y ahora, la concesión a Cataluña del control de fronteras y la gestión de la inmigración en su territorio. En este último caso se trata de una cesión competencial sin precedentes, una decisión de extraordinaria gravedad que podría considerarse un martillazo más sobre el muro que soporta la estabilidad del Estado. O una nueva carga de dinamita en los pilares del puente estatal para provocar su desmantelamiento. Por no añadir que se trata de un nuevo atentado al principio de igualdad. Y, por lo tanto, de una cuestión que roza la inconstitucionalidad, ya que se pierde la aplicación de criterios uniformes sobre un asunto crucial en todo el territorio nacional.
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