El auto del magistrado Ángel Hurtado que imputa formalmente y por primera vez en la historia de nuestra democracia a un fiscal general del Estado en ejercicio — al citarle en calidad de investigado ante el Tribunal Supremo — desoye todos los argumentos desplegados hasta el momento tanto por la defensa que ejerce la Abogacía del Estado como por la propia Fiscalía, que no ve delito alguno en la actuación de Álvaro García Ortiz.

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