La sentencia que condena a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación política por desvío y malversación de fondos públicos ha provocado un verdadero terremoto en Francia, obligando al Consejo Superior de la Magistratura a emitir un comunicado expresando su «preocupación por las reacciones virulentas», considerándolas «susceptibles de poner en grave peligro la independencia de la autoridad judicial».

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