La Generalitat era consciente del peligro que podía encerrar el barranco del Poyo para l’Horta Sud de Valencia, pero en algún momento dejó de prestarse atención, a pesar de las poderosas señales que emitía, incluida la inundación en Chiva, en su cabecera, desde primera hora, y su brutal e imparable crecida a partir de las 17.40 horas de la tarde. Cinco meses después del trágico 29-O, esa es la conclusión a la que podría llegarse a falta de la luz que pueda arrojar la investigación judicial, con las declaraciones en las próximas semanas de la exconsellera Salomé Pradas y su entonces secretario autonómico Emilio Argüeso, como investigados; además de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la diputación, Vicent Mompó, como testigos.

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