El Tribunal Supremo ha avalado la actuación del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de su predecesora, Dolores Delgado, en relación a la disputa que inició contra ellos el fiscal Ignacio Stampa, quien les acusó de «desviación de poder» por impedirle el acceso a las actas del Consejo Fiscal en el que se decidió que no continuara destinado en la Fiscalía Anticorrupción, según especifica una sentencia de 16 de diciembre, a la que ha tenido acceso esta redacción. La decisión de apartarle de Anticorrupción tuvo como consecuencia que no pudiera seguir investigando junto a su compañero Miguel Serrano el caso Tándem o Villarejo.

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