El nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, medida diferente a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que el Gobierno plantea regularizar a unos 400.000 extranjeros, se ha puesto en marcha esta semana, aunque lleva aprobado desde noviembre de 2024. La normativa fue propuesta para agilizar trámites y dar garantías tanto a trabajadores migrantes como a empresas que los contraten. Pero recientemente varias oenegés, abogados especializados e incluso el Defensor del Pueblo han apuntado que algunos colectivos se verán perjudicados.

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