El Gobierno lleva semanas esquivando las presiones -tanto desde el ámbito político como del económico- para alargar la vida de las centrales nucleares y revisar el calendario pactado por las eléctricas, que contempla clausuras escalonadas desde 2027 y hasta 2035. El Ejecutivo está sorteando esa pronuclear esgrimiendo que las fechas de cierre de los reactores no la decide el Ejecutivo, que pedir autorización para alargar la vida de los reactores corresponde exclusivamente a las compañías eléctricas propietarias (fundamentalmente Endesa e Iberdrola, y con participaciones minoritarias en algunas centrales también Naturgy y EDP) y que las empresas no habían trasladado ninguna solicitud al respecto.

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