«A lo largo de la ejecución del contrato se advierte una evidente intención de la UTE de demorar la ejecución, manifestar deficiencias e, incluso, desobedecer las instrucciones de la Dirección Facultativa impidiendo la ejecución del contrato a un ritmo adecuado». Esa es una de las conclusiones esgrimidas por el Principado para justificar la polémica paralización de las obras de la ampliación del Hospital de Cabueñes. Una paralización que ha desembocado en la resolución del contrato adjudicado a FCC y Los Álamos por causas, a juicio del Gobierno regional, «imputables» a las constructoras. Una versión opuesta a la de la UTE que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, atribuyó, entre otras cosas, el fracaso a que la licitación fue «apresurada y sin revisar».

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